En negocio redondo se han convertido últimamente las empresas de vigilancia privada en el país, puesto que muy pocas declaran impuestos y lo que es peor no son controladas -como deberían- por la Secretaría de Finanzas, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, o las Alcaldías Municipales.
Las autoridades respectivas deberían aplicar fuertes sanciones a los dueños de estos negocios que lejos de cuidar las residencias, se agencian cada vez más dinero a sus bolsillos para derrocharlo, sin pagar siquiera el salario mínimo a sus empleados que trabajan incluso más de las 8 horas laborables como lo establece el Código de Trabajo hondureño.
Tomense el tiempo señores del fisco en investigar éste tipo de actividades de servicio, obligadas según ley del Impuesto Sobre Ventas a tributar el 12% mensual; y, anual al presentar la Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta.
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