Con eso que el político César Ham llegó al Instituto Nacional Agrario, INA, con la firme y clara intención de otorgar a "los pobres" lo que a ellos les corresponde, su primer proyecto piloto es sin duda la adjudicación de tierras para casi 800 campesinos. Lo malo es que el tema se ha vuelto tan controversial que en esta ocasión tocó los intereses del empresario Miguel Facussé y su corporación DINANT.
No nos queríamos involucrar en emitir una opinión al respecto pero siendo que el tema sigue tomando espacio en los diarios nacionales y puesto que atañe la economía de toda la hondureñidad, vemos pertinente referirnos acerca de ello.
En la gráfica, Miguel Facussé y trabajadores de Corporación DINANT durante un plantón en la ciudad capital
Sepa usted que un grupo de campesinos se apersonaron recientemente al INA, para exigir a esa entidad que Facussé sea despojado de las propiedades, que hoy por hoy valen más de 5 mil millones de dólares con su productividad si el estado las compra nuevamente (dinero que evidentemente no lo tenemos ni en años de arduo trabajo).
No nos pondremos ni a favor del uno ni en contra del otro. Pero es ridículo y coincidente que a estas alturas del camino en pleno gobierno de conciliación y con la crisis que Honduras atravieza, aparezcan misteriosamente un grupo de hombres y mujeres, junto a las "buenas" intenciones del político de la Unificación Democrática, César Ham, para reinvindicar los derechos de estos trabajadores del agro.
A consecuencia de todo lo anterior, ahora penden de un hilo más de 5 mil empleados y sus familias, en su mayoría trabajadores de la corporación DINANT y sus diferentes industrias de alimentos, quienes debido a que 20, 15 o 12 personas han invadido tierras en el Bajo Aguán, el trabajo se ha paralizado casi en su totalidad. Según trascendió, estos cuentan no sólo con el consentimiento de Ham sino también con el del Presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa.
Entre tanto, el multimillonario Facussé declaró anoche para tv, que las pérdidas a este día son cuantiosas, sus tierras han dejado de percibir el fruto convenido y por lo tanto los pagos a proveedores también han mermado.
Ojala y este conflicto se resuelva de la manera más sensata y conveniente posible, porque como le informamos: ni el estado tiene los medios para adquirir estas posesiones nuevamente, ni la gente del campo los recursos y el adiestramiento para administrarlas.
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